Chilpancingo,
Gro., a 09 de noviembre de 2017.- En
intervención realizada por la diputada local en el Congreso de Guerrero, María
de Jesús Cisneros Martínez, respecto a los hechos ocurridos en la comunidad de
La Concepción en Cacahuatepec, Guerrero, en días pasados, la legisladora
expresó:
“En México y particularmente en
Guerrero, se carece de un Estado de Derecho y de las instituciones del Estado
provienen sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.
Dijo que las redes sociales hacen
eco en el sentido de que quienes se supone que están para cuidar y brindar
seguridad libertad y justicia, son quienes están extorsionando, secuestrando,
desapareciendo y matando de forma extrajudicial.
Denunció que ya no sólo es el
detonante caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, los
asesinatos diarios la ejecución del abogado Eduardo Catarino Dircio, el
asesinato de Ranferi Hernández, ahora es también la desaparición y asesinato de
jóvenes chilpancinguenses a manos de la policía municipal de la capital de Guerrero.
Puntualizó el hecho de que “con
la mayor cantidad de homicidios dolosos en el país, Guerrero es un estado con
un gobierno en franca decadencia, las instituciones están en completa disfunción
y han abandonado al pueblo, sólo impera la impunidad”.
Se refirió de manera específica a
los hechos ocurridos en la comunidad de La Concepción, mismos que revelan
procedimientos cuyo objetivo no sólo era la detención del líder del CECOP Marco
Antonio Suastegui, de su hermano Vicente y de más de 30 personas, sino de
asestarle un golpe al Sistema Comunitario de Seguridad que representa la CRAC
(Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) y de paso continuar el
propósito de La Parota que el régimen quiere imponer.
Pidió
además que se esclarezcan los homicidios presuntamente perpetrados por
elementos de la policía estatal a los comunitarios en La Concepción ocurridos
durante el supuesto enfrentamiento y la detención de los líderes e integrantes
del CECOP.
Hizo
también referencia a las omisiones legislativas para armonizar la Ley 701 con
el texto actual de la Constitución de Guerrero, y expresó “esas son las órdenes
del gobernador y por eso éste Congreso es cómplice de éstas complacencias e
irresponsabilidades”.
La
legisladora dijo que “cada caso en el que actúan las corporaciones policiacas, llámense
ministerial, municipal o estatal, exhiben falta de protocolos y procedimientos
arbitrarios, así como violación de derechos humanos de personas que en muchos
casos son ajenas a dichos eventos.
Los
actos de La Concepción son sintomáticos y la prueba más fehaciente es la
agresión al fotorreportero Bernardino Hernández de la revista Proceso, a quién
despojaron de las memorias de sus instrumentos de trabajo, proceder oficial
realizado para evitar que se conozca la verdad de lo ocurrido.
Es
obvio que las evidencias obtenidas por Bernardino Hernández, demostrarían lo que la
CRAC y Tlachinollan reclaman: “que los policías comunitarios fueron ejecutados
de forma extrajudicial, que estaban desarmados y boca abajo”.
Cisneros
Martínez además respaldó la intervención del periodista Zacarias Cervantes el
día de hoy frente a Palacio de Gobierno, en la que señaló que el actual gobierno
es el que más reprime a periodistas.
Desde
su representación parlamentaria de MORENA la diputada dijo que “nos sumamos al
repudio que hacen las distintas organizaciones y colectivos de defensa de los
derechos humanos que realizan en Guerrero y en el país. Repudiamos también que
los periodistas sean impedidos para realizar su trabajo, se les agreda y
amenace, se les arrebaten sus instrumentos de trabajo y se les ponga en riesgo por
cumplir con una labor de informar a la sociedad con objetividad lo que ocurre en
actos que involucran a servidores públicos.
Voy
a repetir lo que he dicho otras veces, la CRAC es una institución y autoridad
comunitaria, como tal debe ser reconocida por los poderes, las instituciones y
el gobierno de Guerrero, no hacerlo constituye un autogolpe del Estado, que
violenta el marco constitucional y el estado de derecho, porque las autoridades
que dependen del ejecutivo soslayan su reconocimiento establecido en la Ley
Indígena 701.
Exigimos
la libertad inmediata de todos los comunitarios detenidos en La Concepción y castigo
a quienes resulten responsables de los asesinatos, tortura y abusos policiacos
cometidos en esa comunidad”.
Concluyó
expresando sus sentidas condolencias a los familiares y compañeros de los
policías comunitarios caídos en La Concepción.