Chilpancingo, Gro., a
14 de diciembre de 2017.- Este
día la diputada de MORENA, Ma. de Jesús Cisneros Martínez, subió a tribuna para
realizar una intervención en relación a la Ley de Seguridad Interior y expresó:
“Guerrero,
un pueblo con históricos movimientos sociales, un pueblo cuya participación en
las más grandes gestas nacionales como la independencia y la revolución
mexicana, no podemos callar lo que contra el pacto federal se pretende aprobar
en el Senado de la República, instancia alta del Poder Legislativo”.
La
diputada aseguró que la Ley de Seguridad Interior es un grave retroceso
jurídico acompañado de decisiones arbitrarias que buscan imponer un estado de
excepción y militarizar el país que ante la incapacidad política pretende
resguardarse bajo el uso de la fuerza discrecional e indiscriminada.
Además
de insistir en que las voces de oposición a la aprobación y vigencia de esta
ley son de ética política y de prestigiado razonamiento social tanto en el
ámbito estatal, nacional.
Explicó
que “en México, ya no hay legitimidad para ejercer el poder público, en México
con ésta ley, se abandona la política, se abandona el uso del entendimiento,
del dialogo y de todo instrumento en el concierto de la convivencia social para
tener condiciones de armonía entre el pueblo y sus instituciones civiles.
Bajo
las órdenes del gobierno federal actual, en el Congreso de la Unión se han
retrometido reformas que atentan contra nuestro constitucionalismo y todo
concepto de una república dónde la soberanía radica esencialmente en el pueblo,
pueblo al que no se consulta y se le vienen imponiendo actos de sistemática
traición y oprobio.
Los
tratadistas, expertos y peritos del derecho nombran a la Constitución de
diversas maneras: Ley Suprema, Carta Magna, Máxima Ley, Constitución Federal,
Norma Superior, etcétera, todo ello para referir y mostrar el respeto a un
marco normativo, cuya jerarquía existencia y vigencia es sinónimo de las reglas
procuradoras de un bien para todos y condiciones sociales de armonía y progreso”.
La
legisladora dijo que “ningún respeto ha mostrado el gobierno de Enrique Peña
Nieto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ningún
respeto a la concepción de una república federal, soberana, libre y democrática.
Se cree que desde el Poder Político se pueden imponer visiones oligárquicas y
neoliberales sin ninguna consecuencia en el pueblo, en la sociedad y en los
individuos”.
Afirmó
que nadie, siendo mexicana o mexicano consciente del concepto de república, de haberse
consultado, antes o después de emitir su voto, podría estar de acuerdo en
facultar al ejército a realizar actividades que en una república la
Constitución confiere a quienes mandata a través de elecciones para ejercer a
representación popular.
Explicó
que por eso que quienes han votado en la Cámara Baja y pretenden hacerlo en la Cámara
Alta, ya no se pueden considerarse representantes populares, sino traidores que
ante la incapacidad política de los gobernantes pretenden imponerse con el uso
de la fuerza.
Finalmente
dijo que “El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, no es un monarca
en el Estado, sino una autoridad política que juró guardar y hacer guarda la
Constitución del País y leyes que de ella emanen, como candidato prometió orden
y paz a los guerrerenses sus esfuerzos deberían encaminarse a generar
condiciones que procuren esa promesa política empeñada para detentar el poder.
Pero
no, abandonó su endeble capacidad política y se fue a arrodillarse al Senado
para apoyar una ley que va en contra de su pueblo. Renunció al juramento constitucional
a mano alzada de ejercer el poder civil conferido en una contienda cívica y
llevando como justificación la violencia que su gobierno ha sido incapaz de
contener.
Renunció
a la política como instrumento para crear paz social. Renunció a la soberanía
del pueblo de Guerrero. Renunció a ser un político y abnegadamente prefirió el
sometimiento militar de sus gobernados y eso se llama traición”.