Chilpancingo, Gro., a
09 de noviembre de 2017.-
Por los hechos ocurridos en días pasados en contra de la organización Frente Progresista Guerrerense, la
diputada local de MORENA, Ma. de Jesús Cisneros Martínez, intervino hoy en
tribuna para hablar del tema y expresó:
“El
gobierno priista de Héctor Astudillo Flores, no ha sido la excepción de la
persecución histórica en Guerrero a los líderes de organizaciones sociales y
políticas de oposición.
Son
innumerables los episodios de agravios contra quienes ejercen derechos
políticos de oposición y la libertad de expresión para repudiar prácticas
políticas añejas, de cacicazgo, corrupción e incapaces de representar al pueblo
de Guerrero”.
Dijo
que la manifestación de la ideas, el derecho de reunión y tomar parte en las
decisiones fundamentales de la nación, son prerrogativas constitucionales,
derechos fundamentales que las instituciones deben garantizar en lugar de
violar.
Reprochó
que la irrupción de 60 elementos del ejército en las oficinas del Frente Progresista
Guerrerense, que se encuentra dentro del edificio conocido como La Coprera,
ubicado en la Avenida Ejido de la Ciudad y Puerto de Acapulco, el 12 de octubre
de este año, es un acto intimidatorio, prepotente y arbitrario.
La
diputada además argumentó que “ninguna facultad prevista en la ley tiene el
ejército mexicano para realizar este tipo de actos, sin mandato previo y aunque
lo hubiera de parte de un Juez, el ejército no depende de órganos
jurisdiccionales y es por esto que no se concibe como un acto de autoridad, sino
como un acto extrajudicial intimidatorio al margen de la ley.
Es
por razones como ésta que las organizaciones sociales, asociaciones civiles,
defensoras de derechos humanos como Tlachinollan y representantes populares
como yo, nos oponemos a esa ley llamada de Seguridad Interna que permitirá la sistemática
violación a los derechos humanos por parte del ejército y del gobierno”.
Puntualizó
que la nueva irrupción cometida el día 7 de noviembre pasado en el edificio de
La Coprera, ahora por parte de la Policía Ministerial, sin orden judicial, se
corrobora que lo realizado primeramente por el ejército, no se trató de una equivocación
o de un acto aislado o casual, sino de un acto que el estado mismo promueve en
contra del Frente Progresista Guerrerense, una organización política y social
pacífica, que comparte la lucha, los ideales de la izquierda y se viene
pronunciando a favor del Proyecto Alternativo de Nación, que encabeza Andrés Manuel
López Obrador.
Cisneros
Martínez dijo que “por eso desde esta tribuna exijo una explicación clara y
responsable de parte del gobernador Héctor Astudillo Flores ¿Quién ha dado las
órdenes para atacar al Frente Progresista Guerrerense?
La
Policía Ministerial no se manda sola, es subordinada del Ministerio Público que
forma parte de la Fiscalía General del Estado, que constitucionalmente le
corresponde perseguir delitos, no fabricarlos o, como es el caso, cometerlos a plena
luz del día”.
Denunció
que “los agentes ministeriales no sólo cometieron actos de brutalidad en su
proceder, sino que además simularon actos de legalidad, pegando sellos para
prohibir la entrada al edificio de La Coprera, a locales y oficinas, lo que más
tarde, con la intervención del Fiscal Regional acompañado de un perito se llegó
a la convicción de que los sellos eran falsificados y debían retirarse.
Con
estos procedimientos ¿qué certeza tendrán los procesos legales y que garantías
tendrán durante el proceso las partes y concretamente la víctimas de delitos
que dependen de correctas investigaciones?”
Dijo
que “el Fiscal General Xavier Olea Peláez, fiel a su estilo de jerga
delincuencial dijo que los ministeriales seguramente fueron “tostoneados” y por
eso actuaron de esa manera ¡Que irresponsabilidad!
Así
las cosas, expreso mi solidaridad con los integrantes del Frente Progresista
Guerrerense que encabeza el líder y luchador social Eloy Cisneros Guillén, por
las agresiones y atropellos que sufre dicha organización pacífica por parte del
gobierno federal y del gobierno del estado”.
Finalmente
exigió “que se haga una investigación los actos aberrantes que atentan contra la
incipiente democracia y que buscan intimidar a los líderes de izquierda, a
mujeres y hombres libres de pensamiento, para enrarecer y causar miedo a los
ciudadanos en el proceso electoral.
¡Alto
a la violencia del estado!”
Después
los diputados Ociel Hugar García Trujillo y Héctor Vicario Castrejon, subieron
a la tribuna para hablar sobre el mismo tema.