Chilpancingo, Gro., a
31 de octubre de 2017.-
En la sesión de hoy diputados de las fracciones parlamentarias del PRI, Partido
Verde, PRD, MC y PAN, votaron a favor del dictamen con proyecto de decreto por
medio del cual se ratifica el nombramiento del maestro Paulino Jaimes
Bernardino, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Guerrero, expedido por el Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del Estado de Guerrero, el único voto en contra fue de la diputada de
MORENA, Ma. de Jesús Cisneros Martínez, quien al momento de la discusión de
dicho dictamen subió a tribuna para argumentar su voto y expresó:
“No
voy hacer parte de la violación a la carrera judicial, ni del pisoteo al Poder
Legislativo que se usa con fines políticos para agenciarse cargos en otro
Poder”.
Indicó
que el nombramiento como magistrado otorgado por el Licenciado Héctor Astudillo
Flores a favor de un abogado que es asesor del Congreso, es un caso moral y
jurídicamente reprobable, porque se trata de un evidente acuerdo político para
adjudicarse un magistrado en el Poder Judicial sólo por tener el poder de la
designación y la ratificación, pero supeditando la impartición de justicia a
intereses políticos y personales e insultando a la comunidad jurídica estatal.
Finalmente
dijo “que quede claro, no sólo me opongo y voto en contra, sino que denuncio la
violación a la carrera judicial y a la división de poderes en Guerrero”.
Desde
la sesión ordinaria pasada enlistado en el orden del día la diputada de MORENA Ma.
de Jesús Cisneros Martínez, intervino sobre el asunto de la violación de la
carrera judicial, en ese punto se refirió al nombramiento como magistrado del actual
asesor en el Congreso Paulino Jaimes Bernardino, argumentando que un bien
jurídico como es la justicia, no puede estar sujeto a intereses facciosos y que
la impartición de la justicia es un asunto de convicciones, de experiencia y
profesional.
Aseveró
que “de seguir actuando, el gobernador, como hasta ahora, vayámonos despidiendo
de la paz, porque la paz es producto de la justicia y no se va a lograr con
procedimientos que afectan la conformación de los tribunales encargados de
impartirla”.
La
legisladora explicó que “la carrera judicial es una utopía a pesar de estar
dispuesta en la Constitución Local (Art. 97) y en la Ley Orgánica del Poder
Judicial (Arts. 65, 66 y 67), toda vez que el gobernador en turno hace lo que
quiere con el nombramiento de magistrados, utilizando al Poder Legislativo para
legitimar el trámite impositor, ausente de un escrutinio responsable y
equilibrado para designar a las y los mejores juristas que tengan la
preparación y experiencia para estar la altura de las exigencias de justicia
del pueblo de Guerrero.
¿Cómo
aspirar a la justicia así? Y ¿Cómo lograr la paz si ésta es producto de la
justicia? Suponiendo que es verdad que, como lo prometió, el gobernador va a
dar paz a los guerrerenses, no es éste el camino, ni por lo menos la señal de
que intentará cumplirla. No hace mucho tuvo que recular con Robespierre Robles
Hurtado, pero ahora reincide con este proceder políticamente frívolo”.
Recordó
que “el antecedente del asesor propuesto para magistrado, por no alcanzar la
magistratura en el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, hace que el
proceder del gobernador no sea ético y exhibe la necedad de hacerlo magistrado
a como dé lugar”.
Aseguró
además que hay molestia y franca oposición a las arbitrariedades del Gobernador
Héctor Astudillo Flores por estos procedimientos, tanto al interior del Poder
Judicial, como en la comunidad jurídica, académica, organizaciones de barras y
colegios de abogados. Dijo también que “Se proclama el ¡ya basta! a la
violación de la carrera judicial y a seguir convirtiendo al Poder Judicial del
Estado en agencia de colocaciones para satisfacer intereses personales y de
grupos con insaciables apetitos políticos”.
Concluyó
expresando que “se requiere voluntad política para obtener la justicia en el
estado, es un bien jurídico ausente y urgente, se trata de buscar y encontrar a
los desaparecidos, de dar resultados a las madres y padres de quiénes no saben
dónde están, de generar certidumbre y dar destino moral a quienes permanecen en
un “cementerio forense”, porque ahí nadie les reza ni les llevan flores, porque
no se sabe quiénes son. Se trata de castigar al homicida, al violador, al que
intimida y hurta, de separar del cargo al que no trabaja, de organizar y
capacitar policías, procuradores e impartidores de justicia. Se trata de lograr
condiciones de convivencia social y que el pueblo sienta que en Guerrero hay
justicia y podemos aspirar a la paz”.
Finalmente
quedó aprobado por mayoría ya que el voto en contra de parte de MORENA, es el
único e insuficiente para evitar la imposición.