Chilpancingo,
Gro., a 29 de junio de 2017.- Comisiones
representativas de organizaciones sociales y entidades públicas comunitarias de
los pueblos originarios de la Montaña y de la Costa Chica del Estado de
Guerrero, como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC),
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Consejo de Comunidades
Damnificadas de la Montaña (CCDM), Frente Popular de Tlapa (FPT), Frente de
Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos en la Montaña (Frecoddec),
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), acudieron
el día de hoy al Congreso del Estado, a presentar una Iniciativa de Reforma
Integral en Materia de Derechos Indígenas y Afromexicanos, que pretende la reforma
de los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero.
A la reunión también
acudieron como invitados el Licenciado Rubén Cayetano García, presidente del
Colegio de Abogados de Chilpancingo A. C., y asesor parlamentario de MORENA en
el Congreso, así como el ex diputado Benjamin Sandoval Melo y un representante
jurídico del H. Ayuntamiento de San Luis Acatlán, Guerrero.
Dicha iniciativa fue
presentada como parte de los resolutivos de la amplia asamblea celebrada por la
CRAC-PC, en San Luis Acatlán, Guerrero, el pasado 4 de junio de 2017, en la que
diputados de MORENA, Movimiento Ciudadano y PRD, se comprometieron a impulsar
una reforma constitucional en materia de derechos indígenas que emanara desde
las asambleas y representaciones de los pueblos originarios.
La Comisión encargada de
presentar a los diputados la iniciativa, tuvo una reunión en la sala Jorge
Bajos Valverde, donde fueron atendidos por las diputadas Ma. de Jesús Cisneros
Martínez (MORENA) Rosa Coral Mendoza Falcón (PRD) y los diputados Ociel Hugar García
Trujillo(PRD), Ricardo Mejía Berdeja y Silvano Blanco de Aquino (MC).
Ya en la reunión los
diputados Ociel Hugar García Trujillo, Ricardo Mejía Berdeja y Silvano Blanco
de Aquino, coincidieron en que se trata de una reforma muy ambiciosa y que
probablemente no pase todo, que va a depender de la negociación que se haga con
otras fuerzas políticas en el Congreso, mientras que la diputada Ma. de Jesús
Cisneros Martínez, destaco la iniciativa y sostuvo que la va a apoyar
totalmente, “yo no titubeo” afirmó, además de que se dijo complacida de que la
propuesta que llevó ante la CRAC el día 4 de junio, fue retomada por las
organizaciones ahí presentes, consistente en que se eleve a rango constitucional
a la CRAC.
Lo afirmado por la
legisladora obradorista, fue respaldado por su asesor el Licenciado Rubén
Cayetano García, quien calificó la iniciativa de las organizaciones como una
reforma de avanzada y progresista porque pretende que por fin se apliquen en
los hechos los derechos declarativos que existen en el artículo 2º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros instrumentos
jurídicos.
El ex secretario general
y ex representante ante los órganos electorales federal y estatal de MORENA,
felicitó a los representantes de las organizaciones que suscriben la
iniciativa, por el consenso obtenido luego del arduo trabajo de redacción al
texto final del documento que dijo compartir para que los legisladores ahí presentes
lo postulen ante el pleno del Congreso.
El abogado morenista hizo
dos precisiones a los diputados Silvano Blanco de Aquino y Ricardo Mejía
Berdeja quienes manifestaron que hay mucha división y problemas en la CRAC y
que la iniciativa del gobernador Héctor Astudillo Flores, era en cumplimento de
la Recomendación 9/2016 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a
lo que Rubén Cayetano García señaló que no hay tal división y prueba de ello es
el consenso que se traía en la iniciativa de parte de la organizaciones que la
suscriben y desmintió aduciendo que es falso que la iniciativa del Titular del
Ejecutivo sea en cumplimiento a dicha recomendación y que por el contrario, “esa
iniciativa viola la Recomendación 9/2016 y debe denunciarse el incumplimiento a
la misma”.
Los representantes de las
organizaciones Sabas Aburto Espinobarros, Valentín Hernández Chapa, Pablo
Guzmán Hernández, Raymundo Benito Morales, Abel Bruno Arriaga y Eduardo Segura
Pantoja, solicitaron a los legisladores que hagan suya la propuesta y
expusieron razones fundadas para hacerlo, porque hay una deuda histórica con
los pueblos indígenas y porque además el sistema de seguridad y de justicia de
la Costa-Montaña ha disminuido los índices delictivos en el territorio indígena
donde están bien organizados entorno a sus autoridades que mandatan sus
asambleas como órganos soberanos y de acuerdo a sus procedimientos y
reglamentos internos, cultura, tradiciones, usos y costumbres. Añadieron que la
iniciativa no solo es en materia de seguridad y justicia, sino una reforma
integral relativa a la educación, salud, medios de comunicación y tutela y
explotación del territorio indígena.
En conferencia de prensa
los asistentes y ya sin la presencia de los legisladores, manifestaron que
darán seguimiento a su propuesta y a pregunta expresa de reporteros sobre la
diferencia entre la Policía Comunitaria y otras organizaciones de autodefensa y
civiles, precisaron que no son lo mismo y que hay una diferencia abismal porque
las autoridades indígenas son representativas y emanan de asambleas con amplia
participación de sus integrantes y que incluso su vocación no es el uso de las
armas sino la convicción sustentada en la reeducación de quienes violan el
orden, puesto que el sistema comunitario sanciona, revoca, pone y quita a sus
autoridades a través de sus asambleas y decisiones del pueblo.
