Chilpancingo,
Gro., a 26 de octubre de 2016.- En sesión ordinaria del Congreso
de Guerrero, la representante parlamentaria de MORENA, Ma. de Jesús Cisneros
Martínez, intervino para hablar sobre el Consejo de la Judicatura del Estado de
Guerrero, en los siguientes términos:
“Esta participación es precursora
de una reforma constitucional que voy a presentar próximamente.
Según los artículos 143 y
160 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, que aquí le llaman la
particular del Estado, el Consejo de la Judicatura es un Órgano con Autonomía Técnica,
pero en los hechos ni tiene autonomía ni es técnico.
El propósito de la ley es
que ese órgano tenga funciones de administrar, vigilar, disciplinar y
profesionalizar al Poder Judicial del Estado, sin embargo sigue siendo un
órgano controlado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y
magistrados, para sus propios fines y no para mejorar la impartición de
justicia en Guerrero.
Bajo la atribución de
disciplinar este órgano debiera procesar y sancionar a malos servidores
públicos y funcionarios de ese poder, sin embargo no tiene ningún procedimiento
legal establecido en alguna norma o reglamento para imponer sanciones y si a
alguien se le sanciona fácilmente va a un amparo y lo gana, lo restituyen y se
siguen solapando anomalías.
Lo grave de este órgano
es que los procedimientos de sanción no tienen ningún fundamento legal, es algo
parecido a los procedimientos sancionadores de la SEG, que finalmente se
anularon con la pena de las autoridades educativas.
Estos vacíos jurídicos son
improvisados en el Consejo de la Judicatura, aplican el Código Procesal Civil
del Estado, reciben las quejas y notifican al infractor, quien si se somete al
procedimiento lo convalida en apariencia, pero si lo impugna lo gana, estas
ambigüedades generan impunidad y corrupción en el Poder Judicial.
Es sabido que en este
poder la mayoría de los jueces, salvo muy escasas y honrosas excepciones,
pertenecen a determinados magistrados quienes los protegen de no ser
sancionados o de irse “castigados” a la Montaña, la Unión, San Luis Acatlán u
otros lugares no deseables, como si la impartición de justicia en estos lugares
fuese una ofensa o castigo para ellos.
La inamovilidad que de
origen se dio a magistrados en la ley para evitar más corrupción, ahora ha
generado que los magistrados tengan cotos como en los partidos políticos los
padrinos y las corrientes. Así cada juez es de tal o cual magistrado, no los
rige su independencia de criterio, ni la sana crítica de sus razonamientos.
Si un abogado quiere
meter en cintura a un Juez habla con su jefe magistrado o de plano presiona con
el magistrado contrario para que lo metan en cintura. Son procedimientos
gansteriles. No es la ley la que rige su conducta como juzgador, sino los
magistrados que les proveen de protección.
El Consejo de la
Judicatura según el artículo 161 de la Constitución Estatal, llamada aquí por
una “brillante reforma” aprobada, como la particular del Estado, se debe
componer de cinco magistrados, el presidente del Tribunal que a su vez también
es presidente del Consejo, un segundo que lo eligen los jueces, un tercero que
lo designan los magistrados, el cuarto puesto por el gobernador, lo que viola
la autonomía del órgano y del propio Poder Judicial y el quinto que deben
designarlo las dos terceras partes de este Congreso, el cual no ha podido designarse.
Las Barras y Colegios
debidamente acreditados en Guerrero, no son tomados en cuenta en la integración
de este órgano, debieran proponer al menos un Consejero, para fortalecer la
imparcialidad y autonomía del Consejo de la Judicatura, es como si los abogados
postulantes no existieran y no les afectaran las decisiones de este órgano de
vigilancia, cuando son precisamente los litigantes y justiciables que
representan, a quienes les afectan las malas actuaciones de jueces, magistrados
y demás funcionarios del Tribunal.
Dentro de los fines y
atribuciones del Consejo de la Judicatura, previstas en el artículo 160 de la
Constitución de Guerrero, recién degradada aquí como la particular del Estado,
no tiene dentro de sus prioridades la carrera judicial, ni procurar la igualdad
de género, eso es peccata minuta en el Poder Judicial.
En la página oficial del
Poder Judicial, no están publicadas las reformas a la Ley Orgánica del Poder
Judicial, la última que aparece es del 24 de mayo de 2011, simplemente porque las
reformas no las han aplicado y son letra muerta.
Hay una intencional
opacidad y en lo que se refiere al Consejo de la Judicatura, no se sabe quiénes
son los Consejeros, en la página sólo se ven transcritos los requisitos para
serlo, tampoco dice quién es el Secretario General ni que funciones tiene. Sobre
una llamada Unidad de Auditoría Interna no señala quiénes son los auditores y
del órgano que tiene los dineros como es el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia nada, no hay nada, es decir que no existe la
fiscalización a este órgano de recursos públicos. De todo esto el Instituto de
Transparencia ni se inmuta.
Es por lo anterior que
quienes mandan en el Poder Judicial, magistradas y magistrados han incubado
prácticas simuladoras de sanción que generan una grave impunidad y es por eso
que este Congreso tampoco ha podido designar al Consejero que le corresponde
según la Constitución Política del Estado de Guerrero y no hay interés en que
ese órgano tenga la verdadera autonomía que la ley le confiere.
He dicho aquí que el
Poder Judicial debe refundarse, eso es posible con voluntad política en este
Congreso y es por eso que desde esta representación parlamentaria voy a
proponer una reforma constitucional para que el Consejo de la Judicatura
alcance la autonomía técnica que la Constitución le confiere, privilegie la
carrera judicial para los buenos servidores públicos y termine con el nepotismo,
tenga auténticos procedimientos de sanción y no simuladores, verdaderas
facultades de fiscalización para transparentar los recursos para terminar con
la opacidad y ante todo respete la igualdad de género.
La paz anhelada es
producto de la justicia.
Muchas gracias”.