Comunicado
de Prensa
De manera pública fijo
mi postura respecto a la propuesta que el día de ayer presentó el diputado
Ricardo Mejía Berdeja, en el sentido de exhortar a la PGR en relación a los
ataques que han recibido periodistas y defensores de derechos humanos.
Dicho asunto debió ser
de urgente y obvia resolución. Como diputada de la representación parlamentaria
de Morena, iba a proponer una adición, sustentada en los siguientes argumentos:
La propuesta de
acuerdo parlamentario es insuficiente, tiene una visión resarcitoria, va
dirigida como exhorto a la titular de la PGR (Procuraduría General de la
República) y en particular a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Cometidos contra la Libertad de Expresión y por ello se pretende atraer los
casos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos para realizar
investigaciones que resuelvan los delitos cometidos contra estas personas.
Así, dicho acuerdo, es
una propuesta con una mirada institucional y oficial, empero para castigar o
sancionar a quienes atentan contra periodistas y defensores de los derechos
humanos, este Congreso debe exhortar además de la PGR, sino a los titulares de los Poderes Ejecutivo Federal
y de Guerrero, así como a los Titulares de la Seguridad Pública, Federal y
Estatal, a la propia PGR, a las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina, a
la Comisión Nacional de Seguridad Pública, a los Ayuntamientos, al Poder
Judicial del Estado de Guerrero y también al Fiscal General del Estado de
Guerrero, no solo para fortalecer a una dependencia encargada de las
investigaciones de ilícitos ya padecidos, sino para hacer prevalecer en Guerrero
el respeto a la libre manifestación de las ideas, el derecho de la sociedad a
estar debidamente informados, el libre acceso a información plural y oportuna y
concretamente al trabajo periodístico, informativo, de opinión y de
investigación.
No solo debe
preocuparnos la Comisión de Delitos y luego buscar el castigo para quienes los
cometen, el estado como tal tiene la obligación de garantizar la vida, las
libertades establecidas en la Constitución, el libre tránsito, el patrimonio
entre otros derechos, que se tutelan a partir de tener gobernabilidad,
estabilidad económica, progreso y otros bienes supremos ausentes en el país y
en Guerrero.
Cuando nos invade la
violencia y la inseguridad, nos confundimos, creemos que el remedio es castigar
a los que cometen los delitos a los que violan la ley y el estado de derecho y
si bien para eso existe un sistema penal, la verdad es que nuestras autoridades
investigadoras están atiborradas de averiguaciones previas y altores de
expedientes que exhiben la nula capacidad para investigar y sancionar.
Pero, como ya lo he
dicho y lo seguiré reiterando, lo que no se combaten son las causas que generan
la violencia y en el caso de los periodistas y defensores de derechos humanos,
el estado debe garantizar sus labores, implementando medidas de respeto a su
trabajo, difundiendo las normas que amparan su labor y ordenando a las
autoridades de todos los niveles de gobierno que los derechos de estas personas
deben ser garantizados en este contexto de violencia, corrupción y descomposición
social por ausencia de valores en la vida pública, añadiendo también que en
México hay instancias persecutoras y especializadas, encargadas de la
persecución y castigo contra aquellos que violen los derechos de periodistas y
defensores de derechos humanos.
Como ya sabemos el
punto fue remitido a la Comisión de Derechos Humanos de esta Legislatura, de la
que formo parte y desde la que voy a impulsar que dicha propuesta sea más
amplia, es decir en los términos en que lo estoy planteando.