* Dijo
que la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local desechó su propuesta
para mantener vigente dicha ley que defiende los derechos de los indígenas.
* Las
acciones que va a sugerir es que recaben firmas y las entreguen al Congreso
para solicitar pacíficamente, que la actual legislatura cumpla y se haga la
adecuación de la ley.
Chilpancingo,
Gro., 07 de enero de 2016.- Con el objetivo de informar el estado que guarda la
Ley 701 que defiende los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, la
diputada de MORENA, María de Jesús Cisneros Martínez, anunció un recorrido los
días viernes 8, sábado 9 y domingo 10 del presente mes por las comunidades
indígenas asentadas en los municipios de San Luis Acatlán, Xochistlahuaca,
Tlacoachistlahuaca, Ometepec y Marquelia.
En
conferencia de prensa, donde estuvo acompañada de su asesor Rubén Cayetano García y la secretaría técnica de la Comisión de Artesanías, Melina Nájera Piedra, la legisladora informó que luego de que la Comisión de Asuntos
Indígenas del Congreso local desechara su propuesta para reformar la ley y mantener
vigente los derechos de los indígenas guerrerenses, iniciará con estas reuniones
informativas para advertirles de las intenciones de los legisladores para
desaparecer dicha ley.
Recordó,
que la reforma a la Constitución del Estado de Guerrero, aprobada en abril de
2013, dejó establecido en sus artículos Tercero y Cuarto Transitorios, el
mandato de adecuación de todas las leyes de rango constitucional en un periodo
no mayor de veinticuatro meses, mientras tanto durante dos años tales
disposiciones conservarían su vigencia y aplicación. Dichos transitorios
textualmente establecen lo siguiente:
“TERCERO.- El Congreso del Estado de Guerrero,
deberá aprobar y reformar, en un plazo no mayor de veinticuatro meses, contados
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las leyes que sean
pertinentes para hacer concordar la legislación con las nuevas disposiciones
constitucionales.
CUARTO.- En tanto se realizaran las reformas correspondientes
que se deriven de esta Constitución, las disposiciones de la legislación actual
mantendrán su vigencia y aplicación.”
Cisneros
Martínez, dijo que con base a estas disposiciones transitorias, “vamos a
advertir a los pueblos y comunidades indígenas de las omisiones en que han
incurrido esta y la pasada Legislatura al incumplir con la adecuación de esta
ley dentro de los 24 meses que ordena el artículo 3º antes mencionado”, para
efecto de que el Congreso realice estas adecuaciones antes de que expire dicho
plazo.
“Es
grave el momento en que transcurre este plazo que culmina en abril de este año,
pues como todos sabemos va a concluir el periodo ordinario de sesiones según el
artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y será hasta el mes de
marzo en que se reanuden las actividades de la actual legislatura, con lo cual
los términos serán un suspiro, pues dudo que convoquen a un período
extraordinario para incluir este asunto”, señaló.
Dijo,
que una de las acciones, que va a sugerir a los pueblos indígenas es que
recaben firmas, con la clave de elector y las entreguen al Congreso para
solicitar pacíficamente, que la actual legislatura cumpla con el mandato de los
transitorios 3º y 4º de la Constitución y se haga la adecuación de la Ley 701
al texto de los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Nueva Constitución
del Estado, dentro de ese plazo, “ya que de no hacerlo incurrirán en
responsabilidad política y podrán ser enjuiciados por ese incumplimiento al
violar el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución de Guerrero,
materializando lo que parece evidente que es la abolición de dicha ley”.
Agregó,
que también informaran que “si en el supuesto de que este Congreso no hace la
concordancia de dicha ley con la Constitución, respetando todos los derechos
consagrados en ella, una vez que fenezca el plazo, de manera inmediata se tendrán
que promover acciones de carácter constitucional, para obligar a que el
legislativo haga las adecuaciones por mandato judicial”.
Pero,
resaltó la importancia de que sean las autoridades comunitarias y organizaciones
indígenas debidamente reconocidas en la Ley 701 quienes ejerzan ese derecho, “pues
son ellos los que poseen el interés jurídico y la legitimación para hacerlo. Es
por ello que voy a informarles, ya que si no cuentan con la información pues
van a quedar en completo estado de indefensión y ya sin el amparo de esa norma,
se advierte que vendrán acciones por parte del gobierno que atenten contra sus
derechos”, señaló.